Más de 800 multas fueron aplicadas en la provincia de Guantánamo desde la implementación de los nuevos decretos 30 y 31 para el control de precios y de las medidas sanitarias relacionadas con el enfrentamiento a la COVID-19.
Yoel Márquez Castillo, director de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en el territorio, explicó que a la segunda de las legislaciones responden 738 multas, aplicadas entre el 5 y el 22 de febrero, por infringir las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19.
Entre las principales violaciones mencionó las que vulneran medidas epidemiológicas, como no usar el nasubuco o hacerlo incorrectamente en la vía pública, irrespetar el distanciamiento físico y los horarios restringidos de 8 pm a 5 am y no habilitar en entidades estatales, no estatales u otras la solución de agua clorada o alcohólica para la desinfección.
En relación con el Decreto 30, titulado De las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas, la provincia acumula 86 multas, pues la normativa comenzó a aplicarse a finales de la semana pasada.
Tras aclarar ese detalle, el director de la DIS precisó que las sanciones vinculadas con el Decreto 30 deben crecer, pues en ese ámbito se concentran las mayores violaciones, entre las que mencionó precios abusivos y especulativos en la comercialización de productos gastronómicos y agropecuarios, engaño al consumidor y retención de mercancías para apropiarse de ellas.
"Esta normativa establece multas de entre 5 mil y 15 mil pesos por violaciones de precios y otras alteraciones, y prevé correctivos para administrativos y quien no actúe para impedir infracciones en la prestación de servicios", precisó.
Las multas aplicadas por ambos decretos en el corto período ascendieron a unos 2 millones de pesos.
Los decretos, aprobados por el Consejo de Ministros de la República de Cuba, tienen como objetivos principales fiscalizar la calidad de los productos que se ofertan a la población a tono con la Tarea Ordenamiento y las condiciones higiénico sanitarias, bajo la premisa de proteger a los ciudadanos en medio del rebrote de la COVID-19.
Los órganos facultados para aplicar las referidas normas legislativas en la provincia son los inspectores de la DIS, de Salud Pública, de Transporte, la Policía Nacional Revolucionaria y otros cuerpos habilitados al efecto.
Véase también