Si está, el fraude se huele, se intuye. Jorge Estrada Velázquez, especialista B en Gestión Comercial y jefe de inspectores de la Empresa Eléctrica provincial en Guantánamo, cree en ello, en la eficacia de ese cálculo “a ojo de buen cubero”, que indica cuándo la factura de una vivienda no se corresponde con el consumo.
“Y lo encontramos, casi siempre”, me dice con la fuerza de la experiencia de sus cuatro años al frente de ese cuerpo de inspección que, hasta la fecha, detectó 408 timos, casi el doble de los descubiertos en igual período del 2019, y recuperó 482 megawatts hora.
¿Qué incide?
La poca presencia de los funcionarios de la Empresa en las primeras semanas de la pandemia en el territorio, cuando se detuvo la lectura de los metrocontadores y las inspecciones. Igualmente, el incremento del consumo residencial, por el confinamiento.
En realidad, la tendencia del robo de electricidad va en aumento desde que se aplica la tarifa por bloques de consumo. Antes de eso, toda la electricidad era subsidiada y se cobraba a nueve centavos el kilowatt hora (kWh), un precio bien alejado de su costo real, que en algunos momentos ha sido de hasta 92 centavos de dólar.
Es una cifra cambiante, que depende del costo del combustible en el mercado internacional, pero también de los gastos en operaciones del sistema, los generadores, el pago de salarios, para llevar ese Kwh hasta el metro de los clientes…
También, como empresa, nos falta normalizar los servicios de medición, que cada vivienda tenga su metro afuera, sellado, con su gabinete, las acometidas con revestimiento…, que se dice fácil, pero requiere de inversiones, movimientos…
En este tema existe también una cuestión básica. Los usuarios necesitan gastar más electricidad, la consumen, y no pueden o no quieren pagar en consecuencia.
¿Dónde ocurre la mayor cantidad de fraudes?
Como municipio, Guantánamo, y como sector, el residencial, y dentro de este, los cuentapropistas cuyos negocios implican un gran gasto de corriente, como los restaurantes y arrendadores de habitaciones.
En menor medida, los hemos detectado en el sector estatal, y en municipios como Imías y Caimanera.
¿Cuáles son las violaciones más frecuentes?
La manipulación de los equipos de medidas, aunque son nuevos y menos susceptibles que los anteriores, y del servicio de alimentación de las viviendas, sobre todo, las derivaciones de acometidas. Esos modus operandi cambian con el tiempo, y se van sofisticando.
Entre los particulares ¿Sobre quién recae la responsabilidad ante un hecho de este tipo?
La ley eléctrica habla del representante de la vivienda como el máximo responsable de cumplir las normas de la electricidad, que puede ser el propietario o quien la ocupa.
Es importante aclararlo, porque vemos ciudadanos que adquieren una vivienda legalmente y cuando les llega la factura de su nueva casa han “heredado” del antiguo propietario un adeudo por cuenta de pago de energía retroactiva…
También, atendemos clientes que compran una vivienda, cuyo metro –por ejemplo- fue adulterado por el dueño anterior, y tienen que someterse a todo el proceso de la multa, el pago retroactivo con el cálculo del consumo de un año, incluso si acaban de realizar la compra.
Consultar estas cuestiones, asesorarse bien es importante para no verse en situaciones como las descritas…
¿Es suficiente la fuerza de inspección de la provincia?
En estos momentos tenemos 63 inspectores –de una plantilla de 64- en las 22 oficinas comerciales del territorio, y cada uno de ellos atiende 10 circuitos que pueden tener hasta 300 clientes.
Pero la suficiencia de la inspección depende, en buena medida, de la estabilidad de los lectores cobradores, pues cuando estos faltan –y pasa con frecuencia-, la inspección se debilita.
Los inspectores también son una fuerza con mucho movimiento, pues son cargos propensos a errores… Somos funcionarios, y tenemos que cumplir dos requisitos, estar aptos para realizar nuestras funciones, y tener una ética, valores morales… Cuando eso se viola, se es removido.
¿Es eficaz la labor de la inspección comercial en el territorio?
Nuestro trabajo se mide por la variable de las pérdidas, la diferencia entre la electricidad que entra a la provincia y la facturada, e incluye las mermas técnicas y las provocadas por fraude eléctrico.
En Guantánamo, en los últimos años, nos hemos enmarcado dentro de las pérdidas que se consideran admisibles, y eso es un síntoma de que estamos haciendo nuestro trabajo. Por poner un ejemplo, el equipo de cuatro inspectores que presido –y se dedica a revisar el trabajo de todo el grupo- en dos meses de este año recuperó unos 200 mil pesos.
Cuando ocurre un fraude, es frecuente escuchar que el metrocontador erró, que el inspector se equivocó… ¿Se equivocan?
El fraude tiene que ser demostrado en el terreno, con la pericia de los expertos, y en el taller de calibración de metrocontadores de la Empresa, uno los cuatro del país que lograron homologarse con las normas internacionales.
Los metrocontadores, por otra parte, son equipos duraderos y confiables, que son calibrados varias veces antes de instalarlos, y se averían muy poco, aunque pueden fallar eventualmente.
En resumen: la mayor parte de los fraudes detectados, son lo que parecen.